El Gobierno recorta la sanidad de policías y militares: cierra clínicas y elimina la oncología y radioterapia

Policías nacionales, guardias civiles y militares denuncian que el Gobierno recorta la asistencia sanitaria que reciben a través de sus respectivas mutualidades. En concreto, afirman que los servicios que ofrecen sus compañías de asistencia sanitaria con la que tienen suscritos conciertos no cumplen con los parámetros de calidad ni con las prestaciones.

Esto se traduce, según los denunciantes, en «destacables» recortes en los cuadros médicos, reducción de centros de asistencia sanitaria, e incluso la eliminación de clínicas y especialidades médicas como oncología y radioterapia. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) suscribe la denuncia y reclama una reunión inmediata con el Gobierno para resolver el problema de forma consensuada.

Tras la firma del último concierto sanitario de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, han detectado recortes en los cuadros médicos de los centros sanitarios, escasez de centros asistenciales, la eliminación de las clínicas y las especialidades, el cobro de pruebas médicas a los mutualistas, el retraso en los abonos por incapacidad temporal cuando los funcionarios están de baja, el gasto que se produce por el copago farmacéutico, especialmente entre los policías, frente al resto de la población, y el recorte de las ayudas sociales en los últimos años.

Así, los recortes del Gobierno en materia sanitaria con estos funcionarios, han empujado al sindicato Comisiones Obreras  (CCOO), al Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha dirigirse de forma conjunta y por escrito a la Ministra de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, reclamando una serie de mejoras que pongan fin a los recortes que sufren miles de funcionarios.

También han solicitado reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para exigir que evalúen los gastos de asistencia sanitaria con el fin de recuperar la totalidad de las prestaciones que se han suprimido desde el año 2012. 

Desde ámbitos policiales, insisten especialmente en que policías y guardias dejen de pagar más por los medicamentos que el resto de los ciudadanos, especialmente entre los jubilados del colectivo. La única forma de hacerlo, insisten, es ejecutar una dotación presupuestaria para estos gastos concretos en los presupuestos generales para 2023, actualizados a la situación actual de incremento de la inflación acelerada de los últimos meses.